El candidato a diputado nacional por Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino, expresó su preocupación por los cambios introducidos en el Senado Nacional a las modificaciones que se incorporaron al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas.
El proyecto tratado y que ahora debe volver a la Cámara de Diputados, dónde había obtenido media sanción, fue votado por unanimidad en el Senado, lo que es llamativo ya que han coincidido en todo, tanto el oficialismo como los bloques de la oposición. Entre las modificaciones introducidas, Martínez Garbino advirtió que “se quitó la imprescriptibilidad para la pena en los delitos de corrupción, que se bajaron a seis años, como también la reducción de las multas a aplicar a las personas jurídicas”.
La ley a implementar fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en cumplimiento a pactos internacionales sobre corrupción y a sugerencias de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Los cambios del Senado, trastocan el espíritu inicial con que fue enviado el proyecto, puntualizó Martínez Garbino y “privan al Estado argentino de investigar –por ejemplo- las complicidades por las derivaciones del caso Odebrecht que involucraron a empresas argentinas, algo en lo que hasta ahora no se ha profundizado con la intensidad con que se ha hecho en otros países”.
“La decisión adoptada -agregó el ex intendente de Gualeguaychú- nos coloca un paso atrás respecto a otros países que como Perú, Brasil, Chile, han demostrado mucho mas interés en impulsar la investigación por los actos de corrupción cometidos por la brasileña Odebrecht. Mientras en otros países se ha avanzado decididamente en aclarar esos hechos, en Argentina estamos rezagados, no se avanza y esta señal del Senado carece de la dureza con que se debe actuar, algo lejos del discurso con que a veces se denuncian estas situaciones”, criticó.
Martínez Garbino señaló que “tanto la quita del artículo sobre imprescriptibilidad como la fijación ahora de una prescripción de seis años; como la posibilidad que se les abre a las personas jurídicas de que sean eximidas de responsabilidad penal si cumplen determinados requisitos, muestran una respuesta legislativa excesivamente laxa y blanda, a contrapelo de las exigencias internacionales y del espíritu que hoy reina mayoritariamente, de dar una lucha franca contra la corrupción”, fustigó.
Además, denunció que “se reducen los delitos del Código Penal por los que se puede sancionar a las empresas ya que el Senado ahora los precisó en un número sensiblemente menor. Además quedó afuera la posibilidad de los juicios en ausencia, que son admitidos en muchos países del mundo como un método eficaz para luchar contra la corrupción”, observó.
“Hay que cambiar por convicción y no por necesidad u oportunismo”
En otro orden, el candidato por Encuentro Social destacó que “si el Gobernador quiere transmitir una real voluntad de cambio, no debe esperar el resultado de las elecciones –que seguramente le propinarán una nueva derrota-, sino cambiar ahora, por convicción, no por necesidad o por la obligación de cumplir pactos internacionales. De nada sirve si cambia sólo por un revés electoral. Eso no es estar convencido, es oportunismo”, espetó.
“Bordet no puede anunciar cambios y especular con el resultado de las urnas. Eso demuestra que no está convencido de nada. Y lo que no puede dilatar más es la instrucción a sus diputados nacionales para que se modifique la media sanción de Senadores respecto de la modificación a favor de la prescriptibilidad de los delitos de corrupción, que si bien se encuadra para las empresas, marca un gravísimo precedente para la política”, aseveró.
“Si bien es cierto que los delitos de corrupción no pueden emparentarse con los delitos de lesa humanidad, nunca debemos olvidar que los delitos de corrupción tienen una doble consecuencia: por un lado, la faz económica y su perjuicio para el Estado. Y la otra, la faz humana, donde muchas vidas pueden perderse por esos actos y el hecho más evidente es la tragedia de Once. Allí, 51 personas murieron culpa de la corrupción. Por eso, es inadmisible que puedan prescribir los hechos de corrupción, ya que sus consecuencias directas o indirectas si generan violaciones emparentadas con delitos de lesa humanidad. Debemos, como sociedad, ser reaseguros de que eso no ocurra”, finalizó Martínez Garbino
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