Fumigaciones: “No hay que ser un experto en leyes para darse cuenta de que el decreto es regresivo de las normas legales vigentes y que va contra lo dictaminado por el Poder Judicial en dos fallos”, sostiene Serruya.

Argentina es uno de los países más envenenados del mundo. El uso de agrotóxicos genera problemas respiratorios, en la piel, malformaciones congénitas, hipotiroidismo, abortos espontáneos, leucemia y cáncer. Por eso la lucha de las poblaciones por declarar ilegales las fumigaciones. Desde hace un tiempo ciudadanos preocupados por la salud se movilizan para solicitar que se regulen las prácticas agroindustriales que sufren los pueblos fumigados. Es una consecuencia lógica, si se tiene en cuenta que donde habitan aproximadamente 12 millones de habitantes se vierten, por año, 400 millones de litros de agrotóxicos, lo que transforma a nuestro país en uno de los territorios más envenenados del mundo.



Por Ricardo Serruya
(Publicado en Revista Cítrica)

Las consecuencias para la salud de la población son nefastas: problemas respiratorios, en la piel, malformaciones congénitas, hipotiroidismo, abortos espontáneos, leucemia y cáncer son algunas de las enfermedades que se repiten.

Decenas de años de luchas y movilizaciones concretaron algunas victorias. Las ciudades de Santa Fe, Rosario, Paraná y Rincón, por ejemplo, consiguieron que se prohíba el uso del glifosato. Algunas comunas lograron que los ediles sancionaran ordenanzas que limitan las fumigaciones a determinada distancia del ejido urbano.

Pero de todas las victorias, quizás la más representativa y festejada fue la conseguida en la provincia de Entre Ríos. En octubre del año pasado, la Justicia de esa provincia prohibió fumigar a tres mil metros de las escuelas rurales por vía aérea y a mil metros si se lo hace por tierra.

No fue sencillo concretarlo: el fallo judicial hizo lugar a un amparo presentado por la Coordinadora Provincial por un Entre Ríos sin Agrotóxicos, que nuclea a todas las asambleas ciudadanas y en sus puntos más importantes dictamina que se prohíben en todo el territorio de la provincia y en todo tiempo las fumigaciones con agrotóxicos a menos de tres mil metros, si fueran aéreas, y mil metros si fueran terrestres. Se toma como punto de medición las escuelas rurales.

Además, no permite que se fumigue en horario de clases a cualquier distancia, ordena al Estado entrerriano hacer estudios para analizar la situación de cada región y lo obliga a que, en dos años, se implanten barreras arbóreas a 150 metros alrededor de todas las escuelas rurales.

Un fallo valida el enorme trabajo que viene realizando durante mucho tiempo la Coordinadora, que con la paciencia digna de los que se saben poseedores de la verdad, viene transitando un camino de trabajo permanente desde noviembre de 2017.

Así lo cuenta una de sus participantes, Daniela Verzeñassi: “Ese noviembre nos convocamos para darle frente al modelo que mata: no queremos un niño más enfermo y muerto. Lo decíamos antes y lo seguimos sosteniendo ahora”. Como en otros casos, Daniela resalta que la unidad fue imprescindible: “La coordinadora unió esfuerzos que se daban en muchos lugares, pero no de manera coordinada. La unificación de las luchas, el trabajo territorial y presentar el tema como una cuestión provincial abrió escenarios de discusiones en ámbitos nuevos como la cámara de diputados, donde se logró organizar una serie de charlas de sociabilización de saberes y hasta rondas de charlas con ediles para bajar un proyecto regresivo aprobado por senadores”.

Queda claro que el fallo fue un eslabón más en una cadena de acciones perseverantes e inteligentes plasmadas por la coordinadora. Hace ya un año se juntan en casa de gobierno y hacen una marcha en silencio bajo la consigna “Basta es Basta”. Verlos con sol o con lluvia, en días laborales o feriados, emociona.

El fallo necesitó de la acción social y política de los ciudadanos, pero también de la labor profesional de abogados. María Benedetti vive en la localidad de Colón (Entre Ríos) y es una de las abogadas que representa a la coordinadora. “Presentamos un amparo ambiental cuyos actores son AGMER (el gremio que nuclea a los docentes de escuelas públicas de Entre Ríos) y el Foro Ecologista de Paraná. Demandamos al gobierno provincial y al Consejo General de Educación. Acá hay una ley vieja, de más de 20 años, cuando había otra coyuntura: hoy en día tenemos un campo despoblado, con escuelitas, con pobladores, con casas que están rodeados por campos con monocultivo y con pulverizaciones aéreas y terrestres, y la idea era proteger a esa gente”, explica Benedetti.

El amparo como medida judicial exige una resolución perentoria. Las pruebas aportadas son variadas y en el expediente queda claro el sufrimiento de miles de alumnos, docentes y no docentes que desplegaron su trabajo en estos establecimientos educativos. Cuando hablamos concretamente de lo que se sufre en las escuelas rurales, Benedetti detalla el relevamiento que hicieron.

“Censamos 1.032 escuelas que tenían a 50 o a 100 metros las producciones rurales. Por eso pedimos mil metros y tres mil metros de distancia de fumigación, según sean terrestres o aéreas, y lo fundamentamos en que los cascos urbanos tienen protección aérea. ¿Por qué entonces la gente que vive en el campo no la iba a tener? Se trata de un principio de equidad”. La abogada dice que además se presentaron como prueba estudios científicos y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU o UNICEF.

Se trató de una victoria legal y política sin precedentes. Pero, como dicen las abuelas, hecha la ley, hecha la trampa. De manera descarada e impune el gobierno de Entre Ríos, ubicándose en la vereda de los empresarios del agronegocio y dándole la espalda a los pobladores, apeló la medida. Quién debía fallar ahora era el máximo órgano de Justicia: el Superior Tribunal y, una vez más, se falló a favor de la salud de la gente.

Era la segunda victoria en poco tiempo.

La otra abogada que representa a la Coordinadora Provincial es Aldana Sasia. “El fallo del Superior Tribunal sienta un precedente en lo que hace a la protección de niños de las escuelas rurales de esa provincia”, aclara. Y agrega: “Marca la necesidad que tenemos de proteger a los niños que concurren a las escuelas sin resguardo ni protección”.

Es lógico lo planteado por la letrada, ya que la ley actual no contempla ninguna distancia para proteger de fumigaciones a las escuelas rurales situadas en casi su totalidad a la vera de los campos donde se utilizan litros y litros de venenos.

El fallo mantenía la prohibición de fumigar en horarios de cursada y la limitación de mil metros entre el campo y la escuela si la pulverización fuera terrestre; y de tres mil metros si se realizaba de forma aérea.

Sasia sabe que es un triunfo y que hay un motivo para alegrarse. “Festejamos el fallo que califica el derecho de los niños y de las niñas por arriba de otros, y que previene el impacto que pueden tener en su salud. Celebramos también que en uno de sus votos se dice que las hectáreas no deben quedar improductivas ya que en ellas se puede realizar cualquier otro tipo de producción que no conlleve aplicación de veneno”, remarca.

Descaradamente, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con la fría letra de un decreto, borró lo dictaminado en dos ocasiones por la Justicia. El 2 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial el decreto 4407 que fija en 100 y 500 metros las distancias entre los límites de las escuelas y los cultivos, según se trate de pulverizaciones terrestres o aéreas.

Una y otra distancia, claramente, están muy lejos de los mil metros y tres mil metros de contemplados en los fallos judiciales del juez Oscar Benedetto, primero, y del Superior Tribunal de Justicia (STJ), después.

Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná y de la Coordinadora Provincial por un Entre Ríos sin agrotóxicos, admite su tristeza: “El decreto del gobernador lo esperábamos, sabíamos que lo estaba armando.

De hecho, las propias organizaciones vinculadas al agronegocio lo estaban anunciando. Teníamos una pequeña esperanza de que el gobierno no lo largara, pero lo largó. Ahora nosotros vamos a seguir insistiendo, ante el primer incumplimiento de lo que dice la Justicia, la inconstitucionalidad o nulidad”.

No hay que ser un experto en leyes para darse cuenta de que el decreto es regresivo de las normas legales vigentes y que va contra lo dictaminado por el Poder Judicial en dos fallos. Está claro que la lucha debe continuar. Porque cómo dicen tan dulcemente los entrerrianos, los gurises se lo merecen.