
El decreto, firmado por el Gobernador Bordet, se fundamenta casi exclusivamente en documentos y trabajos que solo tienen en cuenta las `Buenas Prácticas Agrícolas´, ignorando los estudios epidemiológicos que alertan sobre las consecuencias de las fumigaciones sobre la salud. “Los efectos de las derivas (dispersión de plaguicidas por fuera del blanco) y la toxicidad de los fitosanitarios han sido constatados no solo internacionalmente, sino en las mismas escuelas rurales de nuestro Departamento Uruguay por científicos de CONICET”, indicó Esteve.
A través de este Decreto, el Gobierno Provincial pasa por alto las distancias establecidas por un Fallo Judicial en el mes de noviembre de 2018, que determinó 1000 metros terrestres y 3000 metros aéreos de resguardo. “Desoír este fallo, producto de las luchas que venimos llevando adelante en conjunto con organizaciones sociales y ambientales, constituye un atropello inconstitucional contra la vida de las poblaciones rurales”, expresó Marcelo Haddad, Presidente del Partido en la provincia, instando al Gobernador a dar marcha atrás con un decreto que “atenta directamente contra el derecho humano que tienen todas las personas a vivir en un ambiente sano”.
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