La diputada provincial Mariela Tassistro (UP-FR) expresó hoy su “más enérgico repudio” tras la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de suprimir intempestivamente las pensiones no contributivas por invalidez, en detrimento de las condiciones de vulnerabilidad del beneficiario y su grupo familiar.
Este rechazo a la medida fue volcado en un Proyecto de Declaración ante la legislatura entrerriana, donde se resalta “la eliminación masiva e intempestiva de las pensiones nacionales de carácter no contributivo que son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social en beneficio de aquellas personas que sufren una discapacidad igual o mayor al 76 % y no tienen ingresos económicos ni trabajo que permita la subsistencia del beneficiario como su grupo familiar”.
La legisladora gualeya aseguró que “las personas con capacidades diferentes están en condiciones de vulnerabilidad, puesto que por su situación de invalidez carecen de capacidad para afrontar una actividad laboral como asumir los gastos que significan los tratamientos médicos, la rehabilitación y los cuidados especiales”.
En este sentido opinó que “el Estado debe tomar las medidas necesarias en pos de la protección de estas personas puesto que deben generarse políticas públicas que posibiliten la igualdad de oportunidades conforme lo determinan los Tratados Internacionales y nuestro ordenamiento jurídico vigente”, remarcó.
Incluso, Tassistro fue más allá en su firme rechazo a esta decisión del Gobierno y manifestó que “en contraposición al principio de progresividad de los Derechos Humanos, el Estado Nacional tomó la decisión de quitarles un derecho adquirido en forma arbitraria y sin previo aviso aplicando restrictivamente el decreto 432/97 que prevé los requisitos para el acceso a la pensión por invalidez, entre ellos: no poseer bienes, ingresos, ni recursos que permitan su subsistencia; no estar amparado el peticionante, ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna, entre otros”, criticó.
En tanto, puso énfasis en “el desconocimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados Partes a adoptar medidas administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos reconocidos por la Convención; a modificar o derogar leyes, reglamentos que sean discriminatorias contra las personas con discapacidad; a abstenerse de actos que sean incompatible a la convención y velar que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a ella, entre otras obligaciones”, recordó.
Por último, la diputada entrerriana hizo un llamado a la reflexión: “no debemos olvidar que la medida ha generado el desamparado absoluto de aquellas personas que están en desigualdad de condiciones y como se ha mencionado requieren de la protección indispensable del Estado. Asimismo, no puede pretenderse el estado de indigencia o la pobreza extrema del peticionante para la obtención de un beneficio destinado a personas que de por sí transitan una situación socio – económica delicada”, finalizó.
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